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Resumen.

El presente artículo formula algunas consideraciones relativas a los principios que, a juicio del autor, debieran ponderarse al articular una reforma de la fiscalidad ambiental. En contra del pensamiento dominante, creemos que para afrontar esta reforma debe partirse de una revisión sosegada de todas las cargas, fiscales y no fiscales, que ya soportan las empresas y consumidores en España por decisiones de política medioambiental, las cuales impactan especialmente en el precio de la energía. La creencia de que la economía española tiene margen para asumir un incremento de la fiscalidad ambiental podría no estar teniendo en cuenta la existencia de cargas no fiscales que tienen un efecto económico equivalente a la de aquellas. Es necesario partir de los objetivos europeos en materia de política ambiental, tal y como se formulan en el Pacto Verde Europeo, y abordar una reforma integral que vincule a todos los niveles del Estado, incluyendo Comunidades Autónomas y entes locales. Es imprescindible que en el diseño de los nuevos tributos ambientales esté presente el principio de mensurabilidad del daño que se pretende reparar o prevenir, y que pueda existir un control judicial de que las cuotas del tributo responden a tal mensurabilidad y no a fines puramente recaudatorios que ignoren el principio de capacidad económica. Los tributos ambientales no deberían perjudicar la competitividad de nuestras empresas, contemplando mecanismos de ajuste en frontera. Por otra parte, su existencia debiera ser aprovechada para reducir la carga fiscal sobre el trabajo, considerando especialmente su incidencia sobre rentas bajas para las que debieran existir medidas compensatorias.