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Resumen.

Bibliografía.

El presente estudio tiene como objeto analizar si la imposibilidad de que las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria se revisen en vía judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en concreto, del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley. En este sentido, pese a concluirse la constitucionalidad formal de dicha previsión normativa, se cuestiona que el desplazamiento al orden penal del control de legalidad de tales liquidaciones constituya la mejor opción desde una perspectiva técnico-jurídica, al llevarse a cabo por órganos judiciales no especializados en el ámbito tributario y que, por tanto, no son los naturalmente competentes por razón de la materia. El enjuiciamiento de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ofrecería mayores garantías a los justiciables, coadyuvando a la consecución de una auténtica tutela judicial efectiva.