La imposibilidad administrativa de comprobar períodos prescritos para investigar los delitos contra la Hacienda Pública electrónico Sentencia del Tribunal Supremo 1182/2024, de 7 de enero de 2025 (rec. 4494/2022) V. Alberto García Moreno
By: García Moreno, Vicente Alberto
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Material type: 
ArticleSubject(s): DELITO FISCAL | PRESCRIPCION | PRINCIPIO DE LEGALIDAD | GARANTIA | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
In:
Carta Tributaria : Revista de Opinión n.119, febrero 2025Summary: El ejercicio de la función de comprobación por parte de la Administración tributaria de las bases de una deuda fiscal ya prescrita administrativamente, además de no contar con ningún tipo de cobertura legal que lo autorice, representa un ejemplo paradigmático de vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales, entre los que figuran los principios de legalidad, seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); motivo por el cual la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede admitir la autonomía investigadora de la AEAT más allá del plazo de prescripción establecido expresamente por la normativa tributaria.
| Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | IEF | IEF | OP 27-A/2025/119-4 (Browse shelf) | Available | OP 27-A/2025/119-4 |
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El ejercicio de la función de comprobación por parte de la Administración tributaria de las bases de una deuda fiscal ya prescrita administrativamente, además de no contar con ningún tipo de cobertura legal que lo autorice, representa un ejemplo paradigmático de vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales, entre los que figuran los principios de legalidad, seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); motivo por el cual la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede admitir la autonomía investigadora de la AEAT más allá del plazo de prescripción establecido expresamente por la normativa tributaria.
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