Bibliografía

Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional 11/2024, de 18 de enero de 2024, declaró inconstitucional y nulo, con efectos limitados, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por exceder del límite material del artículo 86.1 de la Constitución, por afectar a derechos y libertades fundamentales, terreno vedado al Real Decreto-Ley, sin embargo, quedó abierta la cuestión de la posible vulneración de otros principios o derechos, como la irretroactividad de la norma, o la afectación de la capacidad económica y del principio de igualdad. Esta sentencia limitada del Tribunal Constitucional ha permitido la vuelta sobre la cuestión de fondo regulada por el Real Decreto-Ley 2/2016, posteriormente convalidado e incorporada su regulación por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que recogió lo establecido en dicho Real Decreto-Ley. Ello ha permitido la interposición de diversas cuestiones de inconstitucionalidad de esta Ley 6/2018, por varios tribunales. La disposición establecida en esta Ley 6/2018 implantaba un pago fraccionado mínimo e incrementado en el Impuesto sobre Sociedades sólo para determinadas entidades, lo que podía afectar a principios y derechos fundamentales relacionados con la capacidad económica, la retroactividad de las normas, el principio de igualdad y el deber de contribuir del artículo 31 de la Constitución. El abuso del Real Decreto-Ley, sobre todo en materia tributaria, se controla normalmente con los requisitos del artículo 86.1 de la Constitución, pero quedan abiertos otros motivos o argumentos que pueden usarse cuando aquel óbice se supera por la incorporación de las disposiciones del Real Decreto-Ley en una Ley posterior.