Disponible únicamente en formato electrónico.

Bibliografía.

La introducción en el ordenamiento jurídico español de la figura de la “Liquidación vinculada a delito” (LVD) respondió a una finalidad de corte eminentemente práctico. La regulación por la que se introdujo esta figura pretende anticipar la gestión recaudatoria frente al presunto delincuente al mismo instante que si fuese un obligado tributario corriente. Este momento, que depende del acto administrativo de liquidación, ha exigido que la legislación le otorgue a la Administración tributaria una competencia que hasta entonces no tenía, como es la de permitirle cuantificar una deuda tributaria con carácter previo a que lo haga la jurisdicción penal. Cuál es esta competencia y cómo se relaciona con la que también corresponde a la jurisdicción penal,
que se había configurado como exclusiva, es el objeto de este trabajo. No obstante, de la definición y acotación de los límites de esta competencia surgen nuevas cuestiones o fricciones que requieren también de una respuesta. En particular, a juicio de este autor, una de las categorías jurídicas cuyos límites han quedado desdibujados por estas nuevas regulaciones es la de la prescripción tributaria del derecho a exigir el pago de una deuda liquidada mediante LVD. Este trabajo extiende sus conclusiones a esta cuestión.

The introduction in the Spanish legal system of the concept concerning debt settlements related to crimes against the public treasury (LVD) responded to a practical need. The law that introduced this concept intends to collect the debt against the alleged criminal at the same moment it would be if the alleged criminal was an ordinary debtor. This moment, which depends on the administrative act on liquidation, has required that legislation grants the Tax Administration a new jurisdiction given by this law; that is the faculty of quantifying a tributary debt before the criminal jurisdiction does it. The object of the present study is to identify this new jurisdiction and its relation with the criminal jurisdiction, that was configured as exclusive. However, new questions and frictions are detected when trying to define this jurisdiction and its limits, requiring in turn an answer. Particularly, to the author, one of the categories whose limits have been diffused by the new regulations is the prescription of the right to demand the payment of debt settled through LVD. This paper also expands its conclusions into this matter.