Bibliografía

La denominada «economía de plataforma» se está erigiendo en un nuevo foco de economía sumergida y fraude fiscal frente al que no caben respuestas exclusivamente nacionales. Se trata de un problema global que requiere respuestas globales. El presente estudio analiza los elementos estructurales de los consensos internacionales establecidos a través de las «reglas modelo» OCDE y DAC 7 para conseguir información temprana y veraz de los operadores de plataforma, que posteriormente será intercambiada entre las diferentes jurisdicciones. Se hace especial incidencia en las nuevas obligaciones de los agentes de la «economía de plataforma» a través de los «procedimientos de diligencia debida» que transcienden a los tradicionales deberes de información tributaria. Se analizan, igualmente, las deficiencias de las normas de transposición del Reino de España, ya que no aquilatan, con la precisión necesaria, los regímenes jurídicos establecidos para el buen funcionamiento de estas actuaciones que, siendo materialmente públicas, se regulan al margen del sistema de garantías que se arbitra a través de los procedimientos administrativos.

The so-called «platform economy» is emerging as a new focus of the underground economy and tax fraud to which there is no room for exclusively national responses. It is a global problem that requires global responses. This study analyzes the structural elements of the international consensuses established through the OECD and DAC 7 «model rules» to obtain early and accurate information from platform operators, which will subsequently be exchanged between the different jurisdictions. Special emphasis is placed on the new obligations of the «platform economy» agents through the «due diligence procedures» that go beyond the traditional tax information duties. It also analyzes the shortcomings of the transposition rules of the Kingdom of Spain, since they do not assess, with the necessary precision, the legal regimes established for the proper functioning of these actions which, being materially public, are regulated outside the system of guarantees that is arbitrated through administrative procedures.