La doctrina del TS en relación con los listados de deudores tributarios morosos la necesidad de firmeza de las deudas y sanciones y la extensión de las alegaciones a cualquier cuestión jurídica Luis A. Malvárez Pascual
By: Malvárez Pascual, Luis Alberto
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Material type: 
ArticleSubject(s): ESPAÑA | DEUDA TRIBUTARIA | LIQUIDACIONES | DEUDORES Y ACREEDORES | INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS | JURISPRUDENCIA
In:
Estudios financieros: Revista de Contabilidad y Tributación. Comentarios, Casos Prácticos n. 481, abril 2023, p. 115-132Summary: El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en relación con dos asuntos de la máxima relevancia respecto al régimen jurídico de los listados de deudores tributarios morosos que regula el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria (LGT). Por un lado, se establece la necesidad de firmeza de las deudas o sanciones tributarias para que se puedan tomar en consideración a la hora de fijar el débito existente en la fecha de referencia. Por otro lado, se establece que en las alegaciones el interesado no solo podrá hacer referencia a cuestiones que constituyan un error material, de hecho o aritmético, sino que podrá plantear, en vía administrativa y judicial, cualquier cuestión jurídica relativa a la concurrencia de los requisitos y presupuestos que exige el artículo 95 bis de la LGT.
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| Artículos | IEF | IEF | OP 8/2023/4813-3 (Browse shelf) | Available | OP 8/2023/4813-3 |
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Bibliografia
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en relación con dos asuntos de la máxima relevancia respecto al régimen jurídico de los listados de deudores tributarios morosos que regula el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria (LGT). Por un lado, se establece la necesidad de firmeza de las deudas o sanciones tributarias para que se puedan tomar en consideración a la hora de fijar el débito existente en la fecha de referencia. Por otro lado, se establece que en las alegaciones el interesado no solo podrá hacer referencia a cuestiones que constituyan un error material, de hecho o aritmético, sino que podrá plantear, en vía administrativa y judicial, cualquier cuestión jurídica relativa a la concurrencia de los requisitos y presupuestos que exige el artículo 95 bis de la LGT.
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