Resumen.

Bibliografía.

La economía colaborativa ha sido uno de los retos recientes a los que se ha tenido que enfrentar nuestro ordenamiento jurídico y en especial el Derecho Financiero y Tributario. Entre las diferentes propuestas, el Gobierno de la Nación escogió la obligación declarativa sobre los intermediarios en la cesión de viviendas turísticas como solución. En este trabajo se analiza el contenido de dicha obligación y un posible vicio legal, como es que ésta haya sido aprobada por una norma con rango de reglamento. A su vez, se realiza una breve referencia a la última modificación de la Directiva europea de cooperación administrativa en materia de fiscalidad que establece una obligación declarativa sobre los operadores de plataforma, y que se encuentra en período de trasposición.

The collaborative economy has been one of the recent challenges faced by our legal system and especially by Financial and Tax Law. Among the different proposals, the Spanish Government chose the declaratory obligation on intermediaries in the assignment of tourist accommodations as a solution. This paper analyses the content of this obligation and a possible legal defect, namely that it has been approved by a rule with the rank of a regulation. At the same time, a brief reference is made to the latest amendment of the European Directive on administrative cooperation in the field of taxation that establishes a declarative obligation on platform operators, which is currently in the transposition period.