El control del gasto público se ha convertido en una directriz de las Administraciones públicas en España. Dentro de los criterios de convergencia de la Unión Europea, el control del déficit y de la deuda pública como medio de garantizar la sostenibilidad económica y social de los países europeos es un objetivo prioritario, un compromiso articulado por el Derecho europeo y consagrado en el ordenamiento español (135 CE) que ha convertido el principio de estabilidad presupuestaria en un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado junto al principio de legalidad (133.4 CE). Pero cabe preguntarse si los derechos sociales reconocidos en la Constitución española sufren algún menoscabo por la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria y si podemos seguir entendiendo este principio de la misma manera tras la incidencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19.

RACT:
The control of public expenditure has become a guideline of the general government in Spain. Within the European Union’s convergence criteria, the control of the deficit and public debt as a means of ensuring the economic and social sustainability of European countries is a priority; a commitment articulated by European law and preserved in the Spanish legal system (135 EC) that has converted the principle of budgetary stability into a structural value that truly conditions the capacity of the State to act alongside with the principle of legality (133.4 EC). However, we must ponder whether the social rights recognized in the Spanish Constitution are being undermined by the application of the principle of budgetary stability and whether we can continue to understand this principle in the same way after the incidence of the health and economic crisis caused by Covid-19.