Resumen.

Bibliografía.

La DAC 6 se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de su transposición por medio de la Ley 10/2020, de 29 de diciembre. Su principal consecuencia es la implementación de la obligación a los intermediarios fiscales, y en ciertos casos a los contribuyentes, de informar a las Administraciones tributarias sobre ciertas operaciones en las que concurren «señas distintivas» y que se califican como «mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva» sujetos a comunicación. El presente trabajo trata de advertir sobre las importantes consecuencias prácticas que implica esta obligación de comunicación, además de examinar las imprecisiones que contiene la normativa, y que generan una situación de inseguridad jurídica a la hora de identificar cuándo surge la obligación de revelar estos esquemas. La indefinición del término planificación fiscal agresiva, junto con la amplitud de las «señas distintivas», puede generar obligaciones desproporcionadas de información a los contribuyentes, y que unido al contundente sistema sancionador hace obligatoria una reflexión acerca de la necesidad de su imposición.

DAC 6 Directive is incorporated into the Spanish legal system through its transposition by means of Law 10/2020, of December 29. Its main consequence is the implementation of the reporting obligation for fiscal intermediaries, and in certain cases for taxpayers, to inform the tax administrations about certain operations in which «hallmarks» concur and are qualified as «potentially aggressive tax-planning cross-border arrangements» subject to communication. This paper tries to warn about the important practical consequences that this reporting obligation implies, in addition to examining the inaccuracies that the regulations contain, and that generate a situation of legal insecurity about identifying when the obligation to reveal these schemes arises. The lack of definition of the term aggressive tax planning, together with the breadth of the «hallmarks», can generate disproportionate information obligations to taxpayers, and together with the forceful sanctioning system, makes it mandatory to reflect on the need for its imposition.