Disponible únicamente en formato electrónico a través de la Biblioteca del IEF.

Resumen.

Pocos procedimientos seguidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) han generado tanta expectación como el concerniente a la regulación española de la obligación de declarar los bienes sitos en el extranjero, comúnmente conocida en el argot profesional como «720». Pues, bien, a estas alturas, ya es vox populi que el pasado 27 de enero de 2022, el TJUE publicó su tan esperada sentencia, desvelando aquello que, para todos, salvo al parecer para el legislador español, era un «secreto a voces»: que ciertos términos de aquella regulación vulneran, por mucho, ciertas libertades reconocidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Few procedures followed by the Court of Justice of the European Union (hereinafter, CJEU) have generated as much expectation as that concerning the Spanish regulation of the obligation to declare assets located abroad, commonly known in professional jargon as «720 ». Well, well, at this point, it is already vox populi that on January 27, 2022, the CJEU published its long-awaited sentence, revealing what, for everyone, except apparently for the Spanish legislator, was an open secret: that certain terms of that regulation violate, by far, certain freedoms recognized by the Treaty on the Functioning of the European Union.