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Resumen.

Bibliografía.

Las corporaciones Locales comienzan a explorar tímidamente las posibilidades de una tributación medioambiental muy mermadas por el escaso margen de actuación que les permite el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y también por la necesidad de recursos financieros en épocas de crisis como las que
padecemos desde 2008, ahora incentivada por el COVID-19, circunstancias estas que no favorecen el interés por bonificar o premiar conductas respetuosas con el medioambiente que conlleven externalidades positivas para el resto de la sociedad, por encima de atender su propias necesidades inmediatas. En términos de porcentajes del PIB, España se encuentra en el puesto 25 en el ranking de fiscalidad ambiental de la UE -28 (aún no se había marchado el Reino Unido — https://es.greenpeace.org/es/noticias/fiscalidad-ecologica-una-reforma-fiscal-muynecesaria/—)