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Resumen.

Bibliografía.

La crisis económica de 2008 tuvo tres consecuencias para los gobiernos regionales españoles: en primer lugar, se produjo una sustancial y repentina reducción de ingresos, que no pudieron contrarrestar, mientras la demanda de educación, sanidad y otros servicios sociales seguía creciendo como de costumbre; en segundo lugar, su deuda, que hasta entonces había sido relativamente pequeña y estable, explotó hasta niveles nunca vistos; y en tercer lugar, hubo un serio deterioro del volumen y calidad del conjunto de servicios públicos suministrados por estos gobiernos. Las dos primeras consecuencias quedan recogidas en las estadísticas oficiales, pero la tercera, acerca de la cual existe un razonable consenso entre la ciudadanía, no ha sido sistemática y formalmente documentada. Este artículo desarrolla un sencillo modelo de gasto público que explica estos hechos. El modelo postula que, bajo condiciones de estrés financiero, puede ser racional para los gobiernos regionales gastar por encima de los recursos disponibles, y por tanto endeudarse, a la vez que aceptar un deterioro del volumen y calidad de los servicios suministrados al público. Si una medida adecuada de la brecha entre las necesidades de gasto y los ingresos puede ser identificada, el modelo predice que el comportamiento óptimo de los gobiernos es absorber una parte de esta brecha a través del endeudamiento y la restante dejando que la provisión de servicios públicos se deteriore. En una situación de estrés financiero, además del tradicional efecto de los ingresos, la demografía juega un papel propio en la determinación del comportamiento económico de los gobiernos. El artículo contrasta estadísticamente estas hipótesis utilizando un panel de datos sobre gasto, ingresos y una serie de indicadores de necesidades de gasto (esencialmente indicadores demográficos) de las quince comunidades autónomas españolas de “régimen común” a lo largo del periodo 2007-2017. Ninguna de las predicciones del modelo es rechazada por los datos.