La planificación contractual pública en tiempos de coronavirus electrónico Emma Ramos Carvajal
By: Ramos Carvajal, Emma
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Material type: 
ArticlePublisher: 2020Subject(s): SECTOR PUBLICO | ADMINISTRACION PUBLICA | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | PANDEMIAS | CORONAVIRUS | ESPAÑAOnline resources: Click here to access online
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Presupuesto y Gasto Público n. 100 - (3/2020), p. 121-136 Summary: La comodidad y la necesidad de lograr una mayor agilidad en las actuaciones lleva a cubrir necesidades periódicas y recurrentes de forma errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo los propios expedientes de contratación que no siguen los criterios de necesidad, oportunidad y eficiencia, ni la racionalización del gasto público requerido. De forma que, en realidad se utiliza lo extraordinario como habitual. Por tanto, sería conveniente acudir a procedimientos abiertos o restringidos que permiten minimizar costes y garantizar una mayor concurrencia y publicidad.
La falta de un Plan Anual de Contratación, como exige la nueva Ley de Contratos, restringe la elección de un adecuado procedimiento de adjudicación.
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| Recursos electrónicos | IEF | IEF | PGP/2020/100-8 (Browse shelf) | https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/100.pdf | Available | PGP/2020/100-8 |
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Disponible únicamente en formato electrónico.
Resumen.
Bibliografía.
La comodidad y la necesidad de lograr una mayor agilidad en las actuaciones lleva a cubrir necesidades periódicas y recurrentes de forma errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo los propios expedientes de contratación que no siguen los criterios de necesidad, oportunidad y eficiencia, ni la racionalización del gasto público requerido. De forma que, en realidad se utiliza lo extraordinario como habitual. Por tanto, sería conveniente acudir a procedimientos abiertos o restringidos que permiten minimizar costes y garantizar una mayor concurrencia y publicidad.
La falta de un Plan Anual de Contratación, como exige la nueva Ley de Contratos, restringe la elección de un adecuado procedimiento de adjudicación.
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