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Resumen.

Bibliografía.

El desarrollo del «fraude en cadena» o «fraude carrusel» en el IVA ha llevado a las administraciones tributarias de los Estados miembros a negar la deducción del impuesto aun en el caso de
que quien lo soporta no sea partícipe de dicho fraude. Durante los últimos años, esta práctica administrativa se ha extrapolado a otras actuaciones defraudatorias sobre la base del mismo argumento fundamental: la ausencia de una infraestructura empresarial suficiente para el desarrollo de la actividad
económica en sede del proveedor hace presumir la inexistencia material de la entrega del bien o de la prestación del servicio, lo que desemboca en la negación del derecho a la deducción por parte del cliente. Frente a esta situación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha construido una sólida línea
jurisprudencial tendente a proteger el derecho a la deducción del IVA sobre la base del principio de neutralidad del impuesto. Este estudio analiza dicha jurisprudencia, su configuración inicial en el seno de las operaciones de fraude en cadena a partir de la sentencia Optigen y otros y su proyección a contextos
económicos diferentes, hasta llegar al reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo en la sentencia Paper Consult.